La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dio a conocer la resolución final de investigación por prácticas monopólicas en el mercado de azúcar, misma que según la dependencia inició el 30 de noviembre de 2017 y concluyó el 12 de noviembre de 2020.
A diferencia de una acción similar en 2016, en donde impuso una multa cercana a 88 millones de pesos a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), porque 7 empresas y 10 personas físicas se coludieron en 2013 para evitar un descenso en los precios domésticos del azúcar, en esta ocasión “NO ENCONTRO evidencia sobre la existencia de una práctica monopólica absoluta entre los agentes económicos investigados”, por lo que le dio carpetazo al asunto.
Según el documento resolutivo -de conocimiento público-, entre los grupos de interés económico investigados en el periodo 2017-2020 estuvieron: Sáenz, Beta San Miguel, Organización Cultiba, Promotora Industrial Josela, Central Motzorongo, PIASA, Grupo Azucarero San Pedro, Ingenios Santos y Zucarmex. Con la finalidad de obtener los medios de convicción que permitieran determinar la existencia de una conducta anticompetitiva, la Cofece requirió información a clientes que participan en las industrias que elaboran chocolates, dulces y bebidas carbonatadas y que utilizan como insumo principal el azúcar. Detalla el informe que, conforme a la información obtenida, varios clientes de los principales grupos azucareros, así como empresas que adquieren el azúcar a través de comercializadores y distribuidores, manifestaron no haber sufrido restricción en el volumen de azúcar.
Tampoco encontró elementos de convicción de los que se desprenda la existencia de un acuerdo entre competidores con la finalidad de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de azúcar y/o establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir y/o comercializar una cantidad restringida y/o limitada de azúcar en dicho mercado. Derivado de lo anterior la COFECE considera que NO HUBO elementos en el expediente para imputar responsabilidad a agente económico alguno.
A juicio de los especialistas, si bien no hubo reuniones y acuerdos, como sucedió en 2013, en el periodo investigado hubo restricciones de venta en varias zonas por la toma de bodegas; los líderes cañeros impusieron a los dueños de los ingenios un precio de venta lo que disparó las cotizaciones del dulce ESTANDAR hasta los mil pesos por saco en piso en centrales de abasto, cuando las existencias eran suficientes para cubrir el abasto nacional y las cotizaciones mundiales estaban a la baja. En pocas palabras, la COFECE “se hizo de la vista gorda”, afirman aquéllos.